El gobierno que asuma la Presidencia de México el 1 de diciembre deberá, entre sus responsabilidades de seguridad nacional, definir el alcance de su cooperación con Estados Unidos respecto al vuelo de vehículos aéreos no tripulados (VANT en castellano, UAV: unmanned aerial vehicles o UAS: unmanned aerial systems) en la frontera binacional y el espacio aéreo mexicano.

El temor a la escalada de violencia del crimen organizado mexicano en el sur estadunidense llevó a las agencias de seguridad de aquel país a desplegar efectivos de la Guardia Nacional, a levantar la valla fronteriza y a crear un “cerco virtual” de 85 kilómetros. Ahora, lanzaron su flota de vant’s a la frontera desde California a Texas y a territorio mexicano, cuando se les solicita.

Nada escapa a las cámaras y equipos de detección de los drones (llamados así por el zumbido de sus motores que semejan abejorros) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) estadunidense. Los Guardian, Global Hawk, PredatorB y MQ-9Reaper cumplen cabalmente su misión: transmitir en tiempo real la información de inteligencia que recolectan hasta sus bases en California, Sierra Vista y Huachuca en Arizona y la estación naval aérea de Corpus Christi, Texas.

Ahí los monitores proyectan indistintamente, la hilera de migrantes indocumentados que corren en una brecha y el ingreso a territorio estadunidense de autos sospechosos de traficar drogas. Según el Departamento de Seguridad de la Patria (HSD, en inglés), en seis meses los vant’s de la CBP contribuyeron al arresto de casi dos mil inmigrantes indocumentados y a incautar cuatro toneladas de marihuana. Sin embargo, esa agencia nada dice de la incursión de sus drones en espacio mexicano.

La primera noticia de la presencia de vant’s estadunidenses en cielo mexicano se remonta a julio de 2009, cuando una nave de la CBP “ayudó” en la investigación del asesinato del agente Robert Rosas, ocurrido cuando patrullaba cerca de San Diego. Así lo confirmó Juan Muñoz Torres vocero de esa agencia quien aseguró que el sobrevuelo se respaldó con “la solicitud del gobierno mexicano para ayudar en esa pesquisa” en una entrevista para el periódico estadounidenses U.S.A. Today el 16 de marzo de 2011.

Ese año se admitió formalmente que drones estadunidenses realizaban misiones secretas sobre México y eran parte de la colaboración antidrogas. Esto ocurrió tras el asesinato del agente Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 15 de febrero y trascendió que un Global Hawk ayudó a capturar a sus asesinos. Días después, el 3 marzo, en la Casa Blanca, los presidentes de México y Estados Unidos acordaron mantener esa colaboración aunque “nadie supo decir cuántos vuelos de drones ha conducido Estados Unidos o cuántos se anticiparon con el nuevo acuerdo”, refirió Ginger Thompson en su reportaje “Drones de Estados Unidos vuelan profundo en México para combatir a las drogas” publicado en The New York Times el 16 de marzo de 2011.

Al divulgarse ese acuerdo, Alejandro Poiré, entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, admitió el 16 marzo de 2011 el sobrevuelo de uav’s estadunidenses  en territorio mexicano “a petición del gobierno federal”. El funcionario reconoció que ignoraba cuántas aeronaves estadunidenses participaban y aseguró que no se violaba la soberanía del país. Un posterior comunicado del Consejo agregó: “Cuando se realizan estos operativos siempre se hacen con la autorización, vigilancia y supervisión operativa de agencias nacionales, incluida la Fuerza Aérea Mexicana”.

CONGRESOS Y DRONES

Sin embargo, ese mismo día Gustavo González, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, estimó que el Ejecutivo “no consideró la voz del Senado para solicitar tal intervención”. Por coincidencia, ese mismo día el Huffington Post publicó: “Aunque por ahora esos vehículos no atraen la atención – ni críticas- de ninguna institución del país vecino, llegó el momento de decidir qué política debe seguir el gobierno mexicano”.

Y precisamente con intención de conocer la posición del Congreso, una vez que han transcurrido más de 17 meses de estos hechos y el gobierno mexicano no mostró ningún documento que apoyara su manifiesta solicitud a Estados Unidos para que sus naves no tripuladas realizaran misiones de vigilancia en México, se consultó al diputado Gustavo González Hernández para conocer si la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional posee más información al respecto. El legislador explicó que posteriormente a los acontecimientos citados los miembros de la Comisión se reunieron con el entonces Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien les informó que esa acción se enmarcó “en el Convenio de Chicago de 1945 en su artículo 3º”.

Al consultar el artículo 3º del Convenio de Chicago Sobre Aviación Civil Internacional (del 7 de diciembre de 1944 y al que México se adhirió el 25 de junio de 1946) el inciso A) establece que su competencia es para aeronaves civiles, no de Estado, ya que éstas (según el inciso B) son las aeronaves “que se usan para servicios militares, aduaneros o policiales”. De ahí que la única posible referencia a la autorización de vuelo de naves extranjeras sobre territorio mexicano estaría en el inciso D) que establece: “ninguna aeronave del Estado perteneciente a un Estado contratante volará sobre el territorio de otro Estado, o aterrizará en éste, sin autorización otorgada por acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las condiciones estipuladas”.

En tal virtud, el diputado del Partido Acción Nacional estima que la próxima Legislatura, a través del Senado, deberá analizar todas las variantes relacionadas con la seguridad de la frontera para ambos países. Y este tema – precisa – debe ser “soportado por personas conocedoras y bajo el principio de que el problema del narcotráfico es bilateral y regional, por lo que se requiere la estrecha colaboración de ambos gobiernos”. Por último, estima que la rendición de cuentas en cuanto a la materia y naturaleza reservada de la información resultante debe ventilarse en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Al respecto, Iñigo Guevara, maestro en seguridad internacional por la Georgetown University señala que tampoco conoce el documento oficial que sustentó la solicitud a Estados Unidos para que sus drones ingresaran a México y explica que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países tiene dos dimensiones: el intercambio de inteligencia, particularmente con respecto a la seguridad fronteriza y la Iniciativa Mérida. De ahí que aprecie que los vuelos de aeronaves estadunidenses en territorio mexicano se realizan “a partir del intercambio de inteligencia con fines, tanto de prevención como de investigación ante hechos consumados”.

Guevara infiere, apoyado en su conocimiento, que dada la cooperación México-Estados Unidos esos sobrevuelos “se realizan mediante protocolos establecidos que permiten a los servicios de inteligencia mexicanos tener conocimiento total y constante sobre cada uno de los vuelos”. De esa forma, la información que generan esos sobrevuelos multiplica las capacidades de las fuerzas en tierra para mejorar su eficiencia y salvaguardar sus vidas, pues se dispone de información en tiempo real, lista para ser explotada por un sistema de comunicación seguro y confiable sin necesidad de hacer inversiones multimillonarias en equipo, entrenamiento e infraestructura.

Y ese es un aspecto “innovador y positivo, siempre y cuando se busque subsanar, y eventualmente reemplazar esta capacidad prestada mediante medios nacionales capaces” detalla el también graduado del Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica de la National Defense University. En cuanto a la actuación del Poder Legislativo estima que “debe estar en un nivel superior, estratégico” que comprenda la reglamentación de la cooperación “mas no debe bajar al nivel táctico-operativo”.

El análisis político de Guevara y Moyano sostiene que será sano transparentar ciertos datos de tales vuelos, siempre cuidando proteger las condiciones de seguridad para no poner en riesgo la efectividad de las misiones. Para lograrlo, el ex asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional propone que el gobierno publique un informe anual sobre el número total de misiones, horas de vuelo y algunos resultados, mientras que “datos más específicos deben ser información reservada para las unidades de inteligencia”.

No es ocioso prever cómo actuará la próxima Legislatura mexicana cuando se sabe que el Congreso estadunidense tiene un interés “activo” en la frontera con México en tres temas que dominan su agenda: antinarcóticos, seguridad fronteriza y comercio, según cita la investigación: México: Issues for Congress (15 de febrero de 2012) de Clare Ribando Seelke, especialista en estudios de América Latina del Servicio de Investigación del Congreso.

Ribando afirma que el Congreso estadunidense seguirá financiando la Iniciativa Mérida (IM) – la Administración Obama ya pidió 269 mil millones y medio de dólares para el Año Fiscal 2013, que incluyen 234 millones de la IM -. Asimismo, la analista prevé que la violencia ligada al narcotráfico en el norte de México “mantendrá la seguridad fronteriza en la agenda de los comités congresionales”.

Ese interés tiene eco en las acciones de congresistas como el republicano Michael McCaul, quien percibe la frontera sur estadunidense como potencial acceso de terroristas. En marzo de 2011, McCaul lanzó una iniciativa para que el Departamento de Estado designara “organizaciones terroristas extranjeras” (FTO por sus siglas en inglés) a los carteles de drogas mexicanos; argumentó que esos grupos “usan carros bomba, exhiben a individuos asesinados, mutilan y decapitan cuerpos y cometen ataques indiscriminados sobre civiles, incluyendo el incendio provocado contra el Casino Royale el 25 de agosto de 2011 en Monterrey”. Y concluyó que entonces Felipe Calderón afirmó: “Enfrentamos a verdaderos terroristas”.

Aunque la propuesta de McCaul no cristalizó en el Senado, el Ejecutivo estadunidense reforzó su compromiso de hacer “más segura que nunca” la frontera con México. Seis días después de la iniciativa del legislador, un Predator B de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emprendió su vuelo inaugural desde su base en Corpus Christi, Texas hacia la frontera con México. Esa aeronave, que según The Christian Science Monitor vuela hasta 30 horas seguidas, se integró a la flota de nueve drones de la CBP en la frontera suroccidental.

El estudio “Drone, sweet drone” de Micah Zenco publicado en Foreign Policy describe que desde 2005 la CBP desplegó sus drones para vigilar toda la frontera. Con su ayuda en 2011 se incautaron más de 21 toneladas de droga y se detuvo a siete mil 500 sospechosos de actividades ilegales, según la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ese resultado no es proporcional a los más de 250 millones de dólares que ha invertido el Departamento de Seguridad de la Patria – del que depende la CBP – en los últimos seis años. La agencia pagó 18 millones de dólares en cada Predator y cada hora de vuelo cuesta tres mil 234 dólares, lo que representa casi 65 mil dólares por cada misión de 20 horas.

Para definir su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, al próximo gobierno mexicano le conviene considerar el poder del llamado “lobby de drones” (y de la tecnologíaa que los impulsa) en el Congreso estadunidense. Para el analista Alex Bronstein-Mofty de la organización The First Street Research Group que investiga el comportamiento de los cabilderos en Estados Unidos, ese “es uno de los lobbies más poderosos”. Ese grupo está codirigido por el republicano Howard P. “Buck” McCleon y el demócrata texano Henry Cuéllar y reúne a 58 legisladores.

Bronstein-Moftu afirma que todos ellos recibieron contribuciones para sus campañas por 2.3 millones de dólares del sector aeroespacial, muy poderoso en Estados Unidos, según el reportaje “The drone makers and their friends in Washington” de Jill Reploge que divulgó la emisora KPBS de San Diego State University el 5 de julio 2012. Esa información se sustenta en la investigación del Center for Responsive Politics, de Fronteras Desk y por Investigative Newsource, del sur de California.

LOS DRONES AZTECAS

En contraste, el crecimiento del sector de drones en a pesar de su vertiginoso crecimiento en el mundo, es soslayado, por lo que no se descarta que su influencia política y económica sea proporcional a la que ejerce en otros países. Esa cuestión, ligada a la seguridad aérea del país, también es responsabididad de los próximos Ejecutivo federal y Legislativo. Entre tanto, la mayoría de mexicanos ignora que México posee y opera sus propios vehículos aéreos no tripulados.

Algunos se enteraron de manera fortuita, cuando el 13 de diciembre de 2010 un drone mexicano se desplomó en el patio de un domicilio en El Paso, Texas. Se presume que era un Skystar 300 que fue recogido de inmediato por investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y elementos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza quienes lo condujeron a “un puente internacional” a donde fue devuelto a funcionarios mexicanos, según la crónica de El Paso Times del 17 de diciembre de 2011.

A esa anécdota se sumó la revelación, este año de 2012, de la compra de drones Hermes 450 por la Secretaría de la Defensa Nacional a la firma israelí Elbit Systems por 25 millones de dólares entre el 30 de abril y el 30 de Julio de 2009. Eso se conoció cuando WikiLeaks filtró los correos electrónicos de la firma de inteligencia Stratfor; esos mensajes citaban a una “fuente militar mexicana” que aseguraba que los drones hebreos eran menos efectivos que los de la empresa Hydra Technologies. Según la fuente secreta de Stratfor la adquisición se habría concretado por un presumible pago de sobornos.

Pese a esos actos fallidos México ya produce sus propios drones, entre ellos el S4Ehécatl, que hizo su vuelo inaugural el martes 19 de junio de 2007 en la Feria Internacional de Aeronáutica y el Espacio, en Le Bourget, Francia. El 9 de agosto la Asociación Internacional para Sistemas de Vehículos No Tripulados (AUVSI) le otorgó el reconocimiento Al Contribuyente Sobresaliente a este vant fabricado por Hydra Technologies de México, que tiene ocho horas de autonomía, vuela a toda hora y realiza misiones militares y civiles, que ya adquirieron la SSP y la FAM.

Le sigue El Gavilán, con 90 minutos de autonomía, que voló por primera vez el 10 de junio de 2008 en San Diego, California, durante la exposición de la AUVSI. Otro más es el S5 Kukulcán que debutó en 2010 en la Feria de Farnborough y cuyo esquema se aproxima al del Hermes 450 y el mini drone E2 Colibrí, eficaz para vigilancia y reconocimiento aéreo.

Ese es el potencial tecnológico que el futuro gobierno mexicano debe examinar y decidir si alienta su desarrollo o mantiene su dependencia de vant’s extranjeros. Los analistas estadunidenses insisten en que la frontera con México es un escenario peligroso a corto plazo. Uno de ellos, Brian Michael Jenkins asesor del presidente de la Rand Corporation, así lo sostiene en su estudio titulado: Nuevos desafíos para los esfuerzos antiterroristas de EU: una actualización de la actual amenaza terrorista (11 de julio de 2012). Refiere que la “insurgencia criminal” de los cárteles de las drogas que vive México expone a los Estados Unidos y anticipa que los estados fronterizos mexicanos seguirán siendo “caóticos, violentos e ingobernables”.

Esa perspectiva anticipa que el próximo gobierno mantendrá la dependencia tecnológica en su cooperación antidrogas con Estados Unidos. Así se deduce de la respuesta de Emilio Lozoya – Coordinador de vinculación internacional de la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional – a Dolia Estevez cuando afirmó que no se trata de dinero: “Somos la décimocuarta economía del mundo, dinero es lo que menos necesitamos. Lo que más necesitamos es cooperación en materia de inteligencia y entrenamiento” (La Cooperación antidrogas, Poder 360, julio de 2012).